El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) celebró la “I Cumbre de Mujeres Juristas” en la que se analizaron, en cinco ponencias, la situación profesional que viven las mujeres en ámbitos de la administración de justicia, instituciones, empresas, derechos humanos y resoluciones extrajudiciales de conflicto, como el arbitraje y la mediación, y los futuros retos y desafíos que les espera en el mundo jurídico.
En los debates celebrados se expusieron opiniones y experiencias sobre la problemática en la que se encuentran las mujeres juristas, desde diferentes perspectivas, aportando cada uno de ellos propuestas y soluciones, al momento actual, en el que muchas mujeres no logran alcanzar puestos de responsabilidad, como ocurre en otros países de nuestro entorno europeo.
En la primera mesa redonda, moderada por la diputada Begoña Castro, se analizó el papel de las mujeres en la Administración de Justicia. Según las ponentes, las mujeres encuentran en la Administración unas posibilidades de conciliación horaria con su vida personal y familiar, que no son fáciles de conseguir en el ámbito privado. Ahora bien, la incorporación normalizada de las mujeres a las bases de la Administración de Justicia no se corresponde con lo que sucede en los altos cargos de la Administración de libre designación. Por tanto es necesario desarrollar las acciones contempladas en el Plan de Igualdad del CGPJ para llegar a la efectiva erradicación de cualquier tipo de discriminación por razón de género y sobre todo, incidir en las medidas tendentes a conseguir la igualdad en el acceso a puestos de nombramiento discrecional y a puestos de responsabilidad gubernativa o de gestión, y en las actividades destinadas a identificar y remover el déficit de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en la participación de actividades organizadas por el Consejo.
En la segunda mesa redonda se abordó la situación de las mujeres en el mundo institucional. Entre las conclusiones del debate, que estuvo moderado por la decana Sonia Gumpert, destacó la denuncia de que la presencia de las mujeres en el mundo institucional no alcanza actualmente los niveles de paridad deseables a pesar de su formación y capacidad. Los poderes públicos deben promover estrategias para que el principio de igualdad de género reconocido como uno de los pilares básicos de la Unión Europea sea una realidad y conseguir la definitiva implantación y cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En el tercer intercambio, titulado ‘La Mujer en el mundo profesional’ y moderado por la diputada Carmen Pérez Andujar, se llegó a la conclusión de que los poderes públicos deben desarrollar políticas sociales y educativas para inculcar en la sociedad que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral no debe ser un problema de mujeres sino que es un problema de hombres y mujeres. En ese sentido, deben adoptarse las medidas necesarias para evitar que la condición de se mujer a la hora d incorporarse al mercado laboral sea una dificultad añadida por miedo del empresariado a su futura hipotética maternidad. Además, es necesario establecer controles que permitan asegurar el cumplimiento del respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral que favorezcan el desempeño por las mujeres de puestos de dirección y decisión en condiciones de igualdad con los hombres. Por último, las empresas privadas deben ofrecer las mismas oportunidades de formación a sus trabajadores y a sus trabajadoras, para favorecer la oportunidad de acceso al mismo trabajo con la misma remuneración de cualquiera de ellos.
Erradicar la violencia
La cuarta mesa redonda versó sobre las mujeres y los Derechos Humanos y estuvo moderada por la diputada María Soledad Mesas. Las conclusiones fueron: los poderes públicos, en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales y de los más elementales principios morales, tienen la obligación de asegurar la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer, de garantizar su derecho a la educación y del acceso al mercado laboral de forma que su libertad de elección y de vida quede plenamente garantizada. En ese sentido deben adoptarse las medidas necesarias para que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sea una realidad. Es necesario imponer sanciones especialmente significativas a cualquier actitud de superioridad que suponga la violación de las normas que proclaman y protegen los derechos humanos de las mujeres en cualquiera de los ámbitos de su vida.
La quinta mesa redonda, moderada por la diputada María Teresa Nadal, analizó la situación de las mujeres en el mundo de la resolución extrajudicial de conflictos: arbitraje y mediación. La adopción de medidas concretas y políticas favorecedoras de la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral que determinen el acceso de las mujeres a puestos directivos o de decisión será determinante para el incremento de la presencia de las mujeres en los tribunales arbitrales, y en general, para su participación activa en la resolución extrajudicial de conflictos, concluyeron las personas que formaron parte de la mesa.
En el acto de clausura la decana Sonia Gumpert destacó que esta primera Cumbre de Mujeres Juristas nació con vocación de continuidad a lo largo de los próximos años para seguir analizando la evolución y los futuros retos y desafíos de las mujeres en nuestro país.
También señaló que todavía falta mucho para llegar a un cambio cultural en el que se asuma que las mujeres se han incorporado al mundo del trabajo de manera importante y notable, aunque es evidente que ahora tenemos una legislación que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en los últimos años.
Foto: Archivo, cedidas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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